Las cosas cambian de un día para otro y con la crisis económica que hemos vivido y la situación en determinadas áreas de trabajo, no resulta difícil encontrar a una persona a la que le iba muy bien personal y profesionalmente, teniendo que solicitar un certificado de exclusión social.
Hay muchos grupos dentro de este concepto, pero algunos de ellos serían: Internos y ex reclusos, toxicómanos y alcohólicos en proceso de rehabilitación, minorías étnicas, perceptores de la renta mínima de inserción, victimas de violencia doméstica, jóvenes de 18 a 30 años que hayan estado tutelados por la Administración, inmigrantes ajenos a la UE y emigrantes retornados son graves necesidades personales y familiares.
La Comisión Europea arroja más luz sobre la exclusión social
Según la Comisión Europea una persona está en riesgo de pobreza y exclusión social si cumplen estos 3 puntos :
- Cuando no se alcanza un 60 % del Salario mínimo del país aún recibiendo ayudas del Estado.
- Cuando existe desempleo de larga duración en gran parte de los miembros de la familia.
- Cuando las personas no pueden acceder a más de 4 de estos 9 puntos
- Pagar el alquiler o las facturas de servicios públicos.
- Calefacción adecuada.
- No poder enfrentarse a gastos inesperados.
- Comer Carne, Pescado o Proteínas equivalentes cada 2 días.
- Una semana de vacaciones fuera de casa.
- Un coche.
- Una lavadora.
- Una televisión en color.
- Un teléfono.
Cómo conseguir el certificado de exclusión social
Cada municipio tiene su propia normativa al respecto por lo que el modelo de informe y también, los criterios de valoración, pueden variar de un municipio a otro.
Respecto a la hora de iniciar los trámites para solicitar este certificado la persona interesada en ello debe seguir los siguientes pasos:
- Si la persona ya es usuaria de los Servicios Sociales ha de pedir cita con el trabajador social que le corresponda.
- Debe presentar la siguiente documentación: fotocopia u original del DNI / NIE, libro de familia, padrón municipal, certificado de ingresos de hacienda, demanda de empleo y cualquier otra documentación que solicite el trabajador social para la valoración de su situación.
- El certificado de exclusión social, tiene una validez de tres meses.
Desde un punto de vista administrativo, el certificado de exclusión social tiene como objetivo apoyar a personas que se encuentran en esta situación.
Ayudas económicas para las personas en riesgo de exclusión social
- La Renta Mínima de Inserción (RMI)
La Renta Mínima de Inserción (RMI) es una ayuda económica para personas que no tienen recursos suficientes para atender las necesidades más básicas de la vida y que por lo tanto se encuentran en situación de riesgo.
Al requerir una serie de requisitos tanto económicos como sociales es importante informarse en los servicios sociales de zona de cada comunidad autónoma.
- Pensión no contributiva (P.N.C.)
Para las personas que se encuentran en situación de necesidad, y que cumplan con éstos requisitos mínimos y generales son:
- Tener residencia legalmente en territorio español.
- No tener derecho a una pensión contributiva por no haber cotizado nunca o no haber cotizado el tiempo suficiente para tener derecho a la percepción de una pensión contributiva.
- Que carezcan de ingresos suficientes.
La gestión y reconocimiento del derecho a percibir una Pensión No Contributiva, se realiza por las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las funciones y servicios del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).
Empresas que dan el paso y contratan a este colectivo
Una de sus principales ventajas es que, las empresas que contraten a personas con el certificado de riesgo de exclusión tendrán acceso a bonificaciones fiscales, algo que puede beneficiar la entrada en el mercado laboral de personas en riesgo de exclusión sociolaboral.
Para poder tener acceso a estas bonificaciones tanto empresas como trabajadores deben reunir una serie de requisitos
Este tipo de contratación cuenta con muchas ventajas. Por un lado, nos encontramos con que frecuentemente la contratación de personas en riesgo de exclusión social tiene ventajas fiscales y económicas dado que existen subvenciones, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, ayudas económicas para la adaptación del puesto de trabajo en caso de tratarse con personas con discapacidad física o motora e incluso deducciones en el pago de impuestos de sociedades.
Las ventajas económicas son un aliciente pero, la verdadera motivación de la contratación de personas en riesgo de exclusión social debe ser el deseo de impulsar una sociedad igualitaria, justa y sostenible.
